El pasado 3 de noviembre no sólo fue el martes decisivo en la elección para presidente de los EEUU, así como de 35 asientos en el Senado y otros 435 en la Cámara de Representantes. Fue además el día para votar en varios estados de EEUU por la despenalización o no de la mariguana, también conocida como cannabis.

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Ese día, Nueva Jersey, Mississippi, Arizona y Montana aprobaron medidas propuestas desde la ciudadanía para despenalizar la mariguana para adultos (mayores de 21 años). Dakota del Sur también fue el primer estado en autorizar las ventas médicas y recreativas al mismo tiempo. Igualmente, en un hecho histórico, Oregón se convirtió en el primer Estado norteamericano que despenalizó la posesión de todo tipo de drogas, desde heroína hasta cocaína para uso personal, aunque no avanzó en la regulación de su comercialización y producción.

Después de la votación de este martes 3, unos 16 millones de estadounidenses más podrán fumar marihuana libremente. De esa manera, 1 de cada 3 estadounidenses vive ahora en entidades donde la mariguana recreativa es legal; es decir, un total de 15 estados, más el Distrito de Columbia. Adicionalmente, la industria de la mariguana legal crece exponencialmente (hoy se calcula su valor en $15 mil millones de dólares, creando más de 120 mil empleos) y se extiende a sectores como la salud, las bebidas alcohólicas, las gaseosas o los productos de belleza. En trágico contraste, los países al sur del Río Bravo siguen desangrándose en una guerra inútil contra ella.

Los resultados del pasado martes 3, refuerzan la idea de que la estrategia punitiva y de prohibición contra el consumo de drogas, que se inicia en la década de los 70s a iniciativa del presidente Richard Nixon, ha fracasado rotundamente. La evidencia indica que en los últimos 50 años no se ha reducido el consumo, la corrupción, el poder de los narcotraficantes ni la violencia y sí, en cambio, hay pruebas de que estos problemas han aumentado.

Sería un buen momento para que ciudadanía, organizaciones sociales, partidos y gobiernos latinoamericanos discutieran en serio la legalización de las drogas (en plural), habida cuenta de que la Guerra contra las Drogas solo ha significado empujar ésta fuera del territorio estadounidense, para que sean los países latinoamericanos quienes la libren, a un costo prohibitivo y con una magnitud gigantesca.

En México, por ejemplo, se estima que en 2020 el país alcanzará la cifra de casi 41 mil homicidios dolosos, por la violencia de los carteles de las drogas. Hoy México es el sexto lugar mundial por homicidios dolosos y tiene casi un 90% de impunidad, lo que significa que por cada 10 asesinatos, solo uno se alcanza a resolver. Estados como Morelos o Oaxaca tienen índices de impunidad de casi el 100 %.

Sólo resolver todos esos casos de homicidio pendientes llevaría décadas. En cambio, legalizar la mariguana, en principio, significaría descongestionar el sistema de justicia de los delitos relacionados con esa droga (los que representan alrededor de 60 % del total de los arrestos por narcotráfico), lo que podría permitir que la policía, los ministerios públicos y los jueces se concentren en lo más importante: proteger a los ciudadanos de los crímenes de más alto impacto social, como asesinatos, secuestros, feminicidios, sobornos y desapariciones.

Son muchos los beneficios que significaría la legalización de las drogas, como la creciente aceptación entre los ciudadanos estadounidenses nos dejan ver. Hagamos un rápido repaso:

  • Se pondría fin al mercado ilegal, reduciendo la corrupción y la violencia.
  • Se eliminarían los monopolios en manos de las mafias, creados por la ilegalización estatal y defendidos de la competencia hoy a sangre y fuego.
  • Se desplomarían los precios monopólicos de las drogas, reduciendo el margen de ganancia del crimen organizado y así, la forma de sostener sus estructuras criminales.
  • Se reducirían los crímenes violentos y los delitos por el control de los mercados.
  • Al respecto, es falsa la afirmación de la que legalización trae consigo el aumento de la demanda. Más bien sucede lo contrario, al eliminar el incentivo de la prohibición.
  • El gobierno dejaría de gastar los enormes recursos que destina a la lucha interminable contra el narco, para destinarlos a tareas prioritarias de justicia y seguridad, a los crímenes de más alto impacto y a la formación de cuerpos especializados.
  • El gobierno pasaría a controlar el mercado, estableciendo normas, estándares y reglas de la actividad, aunque lo ideal sería que el nuevo mercado lo controlaran empresas en libre competencia.
  • Se crearían nuevos mercados y más empleos en actividades reguladas.
  • El gobierno (no los carteles) recibiría la renta (impuestos) generada por la venta legal de las drogas.
  • Se rompería el círculo vicioso entre la venta de las drogas y los introductores ilegales de armas. Son éstas, en manos de delincuentes, y no las drogas, las que matan.
  • Se reducirían los problemas de salud que ahora subyacen al consumo ilegal y evitarían los problemas sociales que le van aparejados (prostitución, trata, robos, lavado de dinero…)
  • El gobierno y la sociedad toda tendrían más posibilidad de impulsar campañas educativas y de prevención que combatan el consumo.
  • El tratamiento médico a los adictos tendría el mismo carácter médico que hoy tienen el de los adictos al alcohol.
  • El tema de las drogas desaparecería de la agenda en la relación de EEUU con América Latina, que siempre resulta problemática y sujeta a presiones, chantajes y negociaciones fuera de la ley (como lo acaba de reafirmar el caso del gral. Salvador Cienfuegos).

El reciente impulso a la legalización de las drogas en EEUU, debiera ser aprovechado por América Latina, en el contexto de la nueva política de drogas anunciada por Joe Biden, una nueva política más enfocada en la salud pública y menos en la persecución y criminalización, sobre todo de los consumidores.

Ojalá haya inteligencia y altura de miras a ambos lados de la frontera para empezar a trabajar en esa dirección. De lo contrario, los latinoamericanos seguiremos librando otros cuatro años más una guerra atroz y sangrienta, sin saber a ciencia cierta para qué se libra ni a quien beneficia, pero sí quién pone los muertos.

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