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Con el conteo de votos finalizado, la victoria del candidato Pedro Castillo parece inminente. El izquierdista aventaja a Keiko Fujimori en casi 70.000 papeletas con el 100% de las actas procesadas.

En un escenario normalizado Castillo se asomaría al balcón dentro de unos días y agitaría su sombrero de palma en señal de victoria frente a sus seguidores, que llevan desde el domingo durmiendo a la intemperie en las calles de Lima. Sin embargo, este instante no tiene nada de común. Se trata del momento más trascendental de la historia reciente de Perú. Fujimori no ha aceptado los resultados y ha pedido anular 800 actas que podría alargar el desenlace dos semanas más, según expertos electorales consultados. Lo que pueda ocurrir en ese tiempo en un país que ha vivido una gran inestabilidad política en el último lustro es una verdadera incógnita.

Perú tiene uno de los sistemas electorales más transparentes del mundo. Los resultados de las 86.000 mesas colocadas por todo su vasto territorio se suben escaneadas a la página web de la oficina electoral. Esas actas vienen firmadas por los interventores de cada partido, por funcionarios y supervisores. Si el equipo de los candidatos no está conforme con alguna de ellas puede pedir su revisión o directamente impugnarla. La primera instancia del tribunal electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, evalúa la queja, un acto que se retransmite estos días en vivo por streaming, y determina si el acta es válida o no. Si el candidato continúa inconforme puede elevar la reclamación a la segunda instancia, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que tiene la última palabra. Al tratarse de un sistema tan garantista su caminar es lento.

Durante las primeras 24 horas el cómputo fue rápido porque las actas llegaban de las ciudades. Al llegar el martes al 95%, empezaron a contabilizarse las mesas de la selva y las montañas y los votos del extranjero. El conteo se ralentizó. La autoridad electoral revisaba a su vez las actas sobre las que los interventores plantearon dudas. Ese proceso acabará en los próximos días y tiene como vencedor inmediato a Castillo, al que ya han felicitado otros presidentes de la región, como el de Argentina, Alberto Fernández, u otros exdirigentes como Lula da Silva.

Pero Fujimori ha retrasado ese instante, al menos 15 días. La política conservadora que enfrenta a su vez la petición de un fiscal para que ingrese en prisión por el caso Odebrecht, asesorada por un ejército de abogados de los mejores bufetes de Lima ha pedido la anulación de 800 mesas -por ahora ha entrado la petición de 620-, esas en las que Castillo sacó más votos. Eso revertiría, en teoría, el resultado. Fujimori expuso públicamente el lunes, cuando vislumbraba su derrota, noticias falsas y montajes que circulan en redes sociales para sustentar el fraude. Más tarde, el miércoles, volvió a aparecer para hablar de un plan orquestado por parte de Castillo con pruebas muy endebles, que puede resolver sin mayores problemas el sistema electoral. Esa tesis sostiene que el partido de Castillo, al que le cuesta organizar una rueda de prensa, ejecutó con precisión una conspiración que implica a cientos de personas para burlar el sistema.

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