El fallo de la Corte Suprema de Francia le permite a Rusoro Mining realizar la demanda luego de una década de disputa con Venezuela debido a minas expropiadas por Hugo Chávez.

La Corte Suprema francesa, anuló una decisión de la Corte de Apelaciones de París que había anulado parte de la parte de daños del laudo arbitral otorgado a Rusoro Mining (TSX-V: RML) en su disputa de una década con Venezuela.

En 2016, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones otorgó a la minera canadiense una adjudicación de 966,5 millones de dólares, luego de la expropiación de su mina Choco 10, propiedad del 95% y la mina Isidora, propiedad del 50%. Ambas minas fueron expropiadas por Hugo Chávez, el difunto ex presidente ultra izquierdista venezolano.

Según el tribunal del Banco Mundial, el país sudamericano había incumplido sus obligaciones en virtud del Tratado Bilateral de Inversiones Canadá-Venezuela.

Pero Venezuela interpuso un recurso de anulación de la sentencia ante la Corte de Apelaciones de París, alegando que el CIADI se extralimitó en el alcance de su autoridad al otorgar daños a Rusoro Mining. En 2019, la corte anuló parcialmente el laudo arbitral, a pesar de que confirmó la conclusión del tribunal sobre el fondo de que Venezuela es responsable de la expropiación ilegal de las inversiones de Rusoro.

Luego de esta decisión, la minera continuó buscando recursos y, a fines de marzo de 2021, pudo obtener una reinstalación del laudo arbitral en su totalidad.

En un comunicado de prensa, Rusoro dijo que esta decisión permitirá a la gerencia continuar buscando el reconocimiento y ejecución del laudo, cuyo valor es ahora de aproximadamente $ 1.58 mil millones. Esto es el cálculo de lo que representa el monto original de la adjudicación de $ 967.77 millones, más $ 612.23 de interés estimado por la compañia.

En 2018, la minera junior y el régimen de Nicolás Maduro llegaron a un acuerdo que requería que la República Bolivariana pagara a Rusoro más de $ 1.28 mil millones para adquirir los datos mineros de la empresa y para la liberación total del laudo arbitral.

A pesar de que se envió un pago inicial de $ 100 millones el 18 de diciembre de 2018, y después de este pago se suspendió la ejecución legal de la adjudicación, Rusoro no ha informado pagos adicionales. Por lo tanto, y según el acuerdo de conciliación, la empresa canadiense tiene derecho a reanudar los procedimientos legales para cobrar el laudo del CIADI.

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