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Si bien existen razones de peso para que el pueblo colombiano eleve su voz de protesta en razón de la grave crisis socioeconómica que enfrenta y que se ha incrementado por la pandemia del Covid, tal descontento legítimo habría sido utilizado como caldo de cultivo por parte de los adversarios nacionales y extranjero de la administración neogranadina en su objetivo de debilitar la democracia y el estado de derecho en la región.

Tales advertencias las expresa Joseph Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS), quien en su último informe denominado “Asalto asimétrico a Colombia”, quien advierte que la clase media y pobre colombiana es utilizada como herramienta de guerra asimétrica emprendida desde Venezuela.

   El experto en temas de seguridad global, especializado en el análisis de amenazas transregionales en el hemisferio occidental, alerta de que se trata de una amenaza que Colombia no puede resolver sola, sino que requiere un esfuerzo más integral y de la participación de fuerzas democráticas en toda la región para entender que así como fue a Colombia, también va el resto de América Latina.
  Refiere Humire que las protestas comenzaron el 28 de abril ante el anuncio de la implementación de una reforma tributaria por parte del presidente Duque, pero a pesar de que el proyecto fue retirado cuatro días después, las protestas se intensificaron y resultaron en enfrentamientos violentos entre las fuerzas policiales colombianas, manifestantes civiles y otros.
  Al 13 de mayo, hubo 34 muertes, incluido al menos un policía, y más de 1.500 heridos, más de la mitad de los cuales fueron policías heridos por objetos contundentes (hoja, explosivo, arma de fuego, etc.), según la Cancillería de Colombia. Así como más de 600 detenciones por incendio premeditado, vandalismo, robo y destrucción de bancos, comercios, vehículos, cajeros automáticos, monumentos culturales e infraestructura pública en Colombia.
  El informe apunta que organizaciones y grupos de “derechos humanos han denunciado repetidos abusos y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía colombiana contra manifestantes, incluido el uso de tanques con múltiples lanzadores de proyectiles no letales, concretamente en la ciudad de Cali”. Pero igualmente destaca las declaraciones del ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, quien informó el 3 de mayo que al menos seis grupos criminales estaban detrás de los actos de vandalismo y violencia en, subvirtiendo las protestas que de otro modo serían pacíficas. El titular castrense hizo mención, entre otros, a los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-D), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Escudos Azul y Negro del movimiento juvenil M-19. “Luego, el 8 de mayo, el ministro de Defensa Molano anunció que las autoridades colombianas detuvieron a un comandante de un frente urbano local del ELN, y días después a un disidente de las FARC, quienes presuntamente estaban provocando violencia en la ciudad de Cali mediante armas improvisadas y coordinando con grupos de jóvenes militantes y no identificados venezolanos”.
  Advierte Humire que ya en noviembre de 2019 septiembre de 2020, durante protestas similares, fueron identificados grupos de jóvenes militantes que subvertían dichas protestas y se dedicaban a escalar la violencia y el vandalismo.
  El informe recuerda que, en ese entonces, Diosdado Cabello advirtió que las protestas colombianas eran como una “brisa bolivariana” que fluye desde Venezuela y que nuevamente, el 7 de abril de 2021, antes de las protestas actuales, Cabello a amenazar veladamente a Colombia en su programa de televisión “Con el Mazo Dando”, cuando sostuvo que “vamos a hacer la guerra en su territorio” en respuesta a la posible agresión percibida contra el régimen venezolano.
La estrategia venezolana
  Categóricamente, Joseph Humire sentencia en su informe: “Esta guerra asimétrica ya llegó a Colombia”.
   Sostiene que el gobierno de Iván Duque ha debido lidiar desde agosto de 2018 cuando comenzó su mandato, con la provocación emprendida desde Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, pero advierte Colombia no es un objetivo reciente para la revolución bolivariana.
  Explica que abordar Colombia es un objetivo principal de la estrategia de seguridad nacional de Venezuela desde los albores de dicha revolución bolivariana y, en tal sentido, emprendió una estrategia que depende de la aplicación de una guerra asimétrica contra quienes considera sus adversarios extranjeros.
  Entonces, el reporte hace se remite a noviembre de 2004, cuando el finado presidente Hugo Chávez, a través de un documento denominado “El Nuevo Mapa Estratégico”, impartió órdenes a las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) a objeto de que desarrollaran una nueva doctrina de defensa para el conflicto contemporáneo. Poco tiempo después, en abril de 2005, durante el I Foro Militar de Cuarta Generación y Guerra Asimétrica en Caracas, Chávez dijo: “Hago un llamado a todos para que inicien un (…) esfuerzo por comprender las ideas, conceptos y doctrina de guerra asimétrica”.
   Joseph Humire requiere que, aunque en 2007 fracasó el intento de legitimar la transformación de las fuerzas armadas a través de un referéndum constitucional, en septiembre de 2008, lo hizo mediante un decreto ejecutivo que convirtió al ejército, de una estructura convencional sobre capacidades de dominio de defensa a una estructura asimétrica centrada en el control del territorio. “Las nuevas Fuerzas Armadas Bolivarianas (FANB) de Venezuela estarían conformadas por cinco comandos regionales de combate, denominados ‘REDI’, integrados con milicias civiles y otros actores armados no estatales repartidos en veinticuatro zonas de defensa integrada, conocido como ‘ZODI’”.
   Bajo este nuevo enfoque del ejército venezolano que entiende la protección de la soberanía estatal como expansión territorial, entre 2013 y 2015, Nicolás Maduro se dedicó a expandir esta estructura asimétrica de defensa integrada a ocho regiones (REDI), 28 zonas (ZODI) y 99 áreas (ADI), convirtiéndose en el nuevo “mapeador en jefe” de Venezuela.
  Refiere el informe que los militares se encuentran integrados con Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO) en Colombia y en otros lugares.
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