Hace poco el Tribunal Supremo español reactivó el caso Delcy tras meses de parálisis. Según informan fuentes jurídicas, la Sala de lo Penal queria conocer la opinión de la Fiscalía sobre los recursos de Vox y el Partido Laócrata contra las fianzas que tendrían que pagar para poder ejercer la acusación contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por su reunión en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Recordemos que Rodríguez tiene prohibida la entrada en territorio de la Unión Europea al estar acusada de violar los Derechos Humanos. La primera denuncia, presentada por el partido Laócrata, defendía que «las distintas versiones que dio el ministro Ábalos sobre lo ocurrido acreditan el dolo». A juicio de esta pequeña formación, cambió tantas veces su explicación «porque sabía que lo que hacía era ilegal».

PanamPost

Sin embargo, días después se conoció la sentencia. En un afán por ocultar el caso Delcygate, la Fiscalía española solicita el sobreseimiento de la causa. La petición se basa en que no reúne el sustento necesario para justificar la existencia de prevaricación, informó OK Diario.

«No es suficiente la mera ilegalidad. La sanción penal sólo deberá utilizarse para resolver conflictos cuando sea imprescindible», indica el documento.

El organismo señala que «para alcanzar la tipificación del artículo 404 del Código Penal (prevaricación), no es suficiente la mera ilegalidad o la simple contradicción con el derecho, pues ello supondría anular en la práctica la intervención de control de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, ampliando desmesuradamente el ámbito de actuación del Derecho Penal»

La Fiscalía considera que es necesario hacer una distinción entre las ilegalidades administrativas y aquellas que ya implican la comisión de un delito. Es por esto que, «a pesar de que se trate de supuestos de graves infracciones del derecho aplicable, no pueden identificarse simplemente nulidad pleno derecho y prevaricación».

Recordemos que España habría incumplido el artículo 20 del reglamento 2017/2063 del Consejo Europeo, del 13 de noviembre de 2017, que indica explícitamente que las sanciones se aplicarán «en el territorio de la Unión, incluido su espacio aéreo». Es decir que Rodríguez nunca debió siquiera sobrevolar ese país.

Pero puede haber una explicación posible para todo esto. Se puede conjeturar que el Gobierno de España forma parte de los «países amigos» del régimen chavista de Nicolás Maduro.

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